¿Quién paga la seguridad social?

Aldo Neri. Médico sanitarista. Ex ministro de Salud de la Nación.

Últimamente se está hablando mucho de la “sustentabilidad” de la seguridad social (SS), en nuestro país y en otros. No es para menos: una creciente proporción de la población laboral envejece y se retira. La consecuencia es que la relación ocupado/jubilado cae -que es la base de financiación del sistema de reparto con los impuestos al salario que pagan los trabajadores y empleadores-. Eso hace que el estado tiene que acudir a cofinanciarlo con los impuestos generales. Por su parte, la atención de salud crece en su costo más que el PBI y desequilibra muchos sistemas. Y los reclamos de la gente pobre fuera de la economía formal se intensifican y los gobiernos los tratan de atemperar con una u otra medida de asistencia social, que se usa también como instrumento político, criticado por muchos, pero algunos porque no pueden usarlo. La solución que recomiendan los ultra es el sistema de capitalización del sistema jubilatorio, que resulta un colosal negocio financiero y no un beneficio para el conjunto. A su vez, el alto gasto de la seguridad social se convierte en un problema económico de costo productivo que incentiva la discusión entre y dentro de países de sistemas de bienestar caro o barato. El resultado de todo esto es que se incrementa la desigualdad y la bronca social, alimentada por un cambio cultural frente a los derechos sociales que es ambivalente: por un lado un progreso para la equidad, y por el otro, basura demagógica.

Centremos en Argentina. Tiene los problemas ya enunciados, y, como sucede en todo el mundo, alrededor de las áreas del sistema se desarrollan también áreas de poder corporativo que “racionalizan” sus intereses, declamándolos en pro del bienestar del pueblo. La dirigencia sindical hace años resignó, en el campo de jubilaciones y asignaciones familiares, la convicción de que “los impuestos al salario de la SS son nuestros porque son salario diferido”, ante la estatización de las jubilaciones de Perón. Pero consolida con Onganía su poder en el campo de la salud con la cesión y generalización de las obras sociales, y los empresarios aprueban con una sonrisa, en la esperanza de que así alivie la presión del sindicato por las reivindicaciones, y algunos previendo buenos negocios como los que en los últimos 25 años tienen con las obras sociales.

Con los Kirchner crecen las jubilaciones por invalidez, las pensiones no contributivas y ahora, con el nuevo gobierno, las pensiones por vejez de los que quedan fuera del sistema jubilatorio, todo lo cual funciona en muchos casos como seguro de desempleo o clientelismo electoral. Con las moratorias se supera el 90% de la población de más de 65 años cubierta por jubilaciones, y la asignación al hijo (AUH) con compromisos de educación y salud es extensa. Todo esto, sumados a los programas más o menos asistenciales que atienden a necesidades perentorias de los más pobres, más las tecnocracias y las burocracias crecientes, que con criterios diferentes administran este enjambre, suponen, a la par de sus beneficios, una desigualdad social y una discriminación implícita, y un gasto ineficiente.

Retomemos el tema del papel de los impuestos generales: va creciendo su participación mundial en la financiación de la SS anunciando, muy desprolijamente, la evolución hacia un ingreso universal ciudadano sustentado en un sistema impositivo que garantice una mejor redistribución del ingreso, y al mismo tiempo, demuestra que protección social y sistema impositivo son dos vertientes de la misma responsabilidad del estado. La SS la paga toda la población, y si tenemos la mitad de los trabajadores en la economía informal, la pagan también los que no reciben sus beneficios. Los frutos de los impuestos son de todos, no son de algunos. En el siglo XIX votaban en muchos países sólo los propietarios, era una ciudadanía restringida, progresó la concepción de derechos y ahora votan todos. El impuesto está muy ligado a la ciudadanía, y en otro artículo yo recordaba que hasta los pordioseros pagan impuestos en el precio que compran un sandwich. Todo el desorden actual sin embargo va delineando un perfil de doctrina: nadie debería quedar desvalido, aunque contradictoriamente la sociedad ahora acentúe la desigualdad. Vale pronosticar que la construcción futura tiene dos ejes fuertes e interdependientes: un ingreso básico ciudadano universal e igualitario y un sistema impositivo también universal y equitativo.

Fuente: Clarin

Dejanos tu comentario