Obra social legislativa: software de 1993, burocracia, déficit y furia de trabajadores

El líder del sindicato APL, Norberto Di Próspero, también acordó con la titular del Senado una polémica iniciativa de AFJP paralela.

La auditoría sobre la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso (DAS) que ordenó el año pasado y luego no dio a conocer la vicepresidenta, Gabriela Michetti, y que tras semanas de secretos y promesas consiguió Ámbito Financiero, muestra un panorama que confirma la grave realidad que enfrentan desde hace años los empleados legislativos -únicos perjudicados-, quienes se ven obligados -en su gran mayoría- a abonar una prepaga para contar con una calidad de salud servicio acorde. Curioso: la DAS no permite triangular aportes.

Bajo un manto de transparencia, Michetti ordenó el año pasado el estudio de la DAS. Eran épocas en las que el flamante Gobierno de Mauricio Macri prometía barridas en dependencias del Estado para desactivar el irracional pensamiento de tomar al empleo público como motor de crecimiento, pata fundamental del kirchnerismo y de provincias en los últimos años. Al menos en el Congreso, el envalentonamiento de Cambiemos quedó como una suave brisa.

En los resultados a los que accedió Ámbito Financiero -y que el entorno de Michetti prometió a este diario comunicar semanas atrás y escondió bajo siete llaves-, se deja en claro que el análisis de la obra social debió realizarse del 1 de abril de 2016 al 30 de junio (inclusive). Dos trabajadores legislativos, Néstor Molinari y Jorge Marchetti, presentaron una solicitud en julio para conocer los resultados de la misma y fueron amedrentados por el titular del mayoritario gremio legislativo, Norberto Di Próspero.

A principios del corriente mes fue el propio Di Próspero, otrora “compañero” de Amado Boudou, quien celebró junto a Michetti y al titular de Diputados y peronista con témpera PRO, Emilio Monzó, la presentación de un polémico proyecto que crea un “Fondo Compensador” para la planta permanente, iniciativa que generó un combo de incógnitas en los trabajadores. De sancionarse, se activará la succión de hasta el 4,5% de los sueldos para jubilaciones y pensiones.

En su edición del viernes pasado, este diario comenzó a contar algunos puntos de la auditoría de la DAS. Una revisión más detallada del estudio alerta, por ejemplo, que “el sistema que tiene” la obra social “es un software de desarrollo propio, basado en DOS, data de 1993 y contiene carencias y limitaciones varias, algunas de ellas significativas”.

De hecho, las “transacciones” de ese sistema “no tienen impacto contable”. En ese sentido, se agrega: “La contabilidad se lleva en libros manuales y está 0% informatizada, incluso para fines de gestión interna. Los datos que surgen de los libros se vuelvan en planillas Excel para gestionar, con la consecuente demora y riesgos de integridad en el armado de la información”.

Por otra parte, los auditores informaron que “es obligación de la Comisión Administradora -de la DAS, donde APL tiene influencia- art. 42 inc. e) del Reglamento: ‘Publicar anualmente la memoria, el balance e inventario que elevará al finalizar cada ejercicio, a la presidencia de ambas cámaras, para su aprobación'”.

En cuanto a ello, se observó que “la DAS emite un informe con la revisión y participación de la Unidad de Auditoría Interna y en base a las pautas generales indicadas por ella”, y que “no se registra evidencia de un informe del auditor externo o independiente de la estructura, sino que es información de gestión interna”.

La auditoría expresa que “los estados contables internos al 31 de diciembre de 2014 son los últimos emitidos y publicados en la página web de la DAS”, lo que “indica que los estados contables correspondientes al ejercicio 2015 no se encuentran presentados dentro del término correspondiente”. Además se sostiene que la situación patrimonial de la DAS al 31 de diciembre de 2014 “era deficitaria”.

Otro de los puntos marcados por el estudio resalta que se registró un “elevado gasto de nómina y no prestacionales comparado con otras organizaciones que gestionan sistemas de salud similares, en orden a que éstas no destinan más del 20%-30% de sus ingresos a tales gastos (Ley 23.660 de Obras Sociales: ‘Art. 5- Las obras sociales deberán destinar como mínimo el 80% de sus recursos brutos, deducidos los aportes al Fondo Solidario de Redistribución creado en jurisdicción de la ANSSAL, a la prestación de los servicios de atención de la salud establecidos por el seguro, a sus beneficiarios'”. La DAS “no observa dicha relación”.

Sobre las direcciones de la DAS, los auditores también sostienen que “se puede apreciar tareas similares dentro de una misma dirección, ya sea de manera horizontal como vertical”. Del relevamiento de la estructura organizativa surge que existe “una estructura horizontal, con gran cantidad de direcciones, en una proporción que es inusual para cualquier estructura organizativa del sector de la salud” y que, “asimismo, muchas de ellas no responden a servicios que deba organizar la DAS o a funciones propias de una organización que gestiona servicios de salud”. Se menciona además una “estructura con peso burocrático”.

Fuente: Ambito

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