Multan a clínicas por cartelizar precios y abren una investigación a nivel nacional

LO DISPUSO LA SECRETARÍA DE COMERCIO

La Secretaría de Comercio multó a 15 clínicas de la provincia de Salta y a la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la Provincia de Salta (ACLISASA) por $22.768.860 por la cartelización de precios.

La decisión, señala, “es consecuencia de una investigación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y busca impedir el impacto de estas prácticas en la calidad y en el costo de la salud para los consumidores”.

Por recomendación de la CNDC, el secretario de Comercio, Miguel Braun, dispuso iniciar una investigación de oficio a nivel nacional contra la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (CONFECLISA) por la elaboración y difusión a sus asociados de los valores referenciales para las prestaciones sanatoriales.

El comportamiento de CONFECLISA, de acuerdo al informe, podría encuadrar dentro de las conductas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, como “posible fijación, concertación o manipulación del precio de venta o compra de bienes o servicios, o el intercambio de información con el mismo objeto; o la fijación, imposición o práctica de acuerdos con competidores en relación a precios y condiciones de compra o venta de bienes, prestación de servicios o de producción”.

La resolución que fija las multas y el inicio de la investigación fue dictada en el marco de las actuaciones iniciadas en junio de 2012 por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a raíz de una denuncia remitida por la Secretaría de Defensa del Consumidor del Ministerio de Gobierno de la provincia de Salta.

La sanción impuesta por la Secretaría de Comercio “busca evitar que la cartelización resulte en mayores costos y peor calidad en los servicios de salud para los consumidores”.

A través de un acuerdo de precios, las entidades investigadas habían incrementado el precio de las prestaciones sanatoriales que les cobraban a las administradoras de fondos para la salud (obras sociales, mutuales y demás entidades) y empresas de medicina prepaga.

La multa, aclara, “podría tener un efecto ejemplificador sobre otras clínicas del resto del país, lo cual se traduciría en beneficios a los usuarios a nivel nacional”.

En el último año, la CNDC actuó en otros mercados como el de tarjetas de crédito y el de servicios de practicaje portuario. La competencia es un instrumento fundamental para aumentar el bienestar del consumidor, fortalecer la competitividad de la industria y promover la innovación y el desarrollo económico.

La conducta sancionada consistió en la conformación de un cártel por parte de los sanatorios sancionados en las ciudades de Salta, Tartagal y Metán, provincia de Salta, con el objeto de fijar los precios convenidos con las administradoras de fondos para la salud (obras sociales sindicales y mutuales, Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS) y empresas de medicina prepaga) para las prestaciones sanatoriales, durante el período comprendido entre diciembre de 2011 y diciembre de 2013, inclusive. Del acuerdo participaron los sanatorios nucleados en ACLISASA y otros sanatorios no asociados.

Las entidades multadas son 15 sanatorios de la provincia de Salta, además de ACLISASA, una entidad sin fines de lucro que agrupa clínicas y sanatorios en la provincia y que aglutina a una parte importante de los sanatorios multados.

Fuente: Ámbito

La respuesta de ACLISASA

Comunicado Oficial respecto a “Multas a Clínicas Salteñas por falaz denuncia”
Jueves 24 de Agosto del 2017

La Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la Provincia de Salta (ACLISASA), a raíz de las publicaciones periodísticas de los últimos días, estima inexorable aclarar a la opinión pública la realidad en torno a las improcedentes, ilegítimas, arbitrarias, estólidas y discriminatorias multas impuestas por la Secretaría de Comercio de la Nación a raíz del dictamen efectuado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
Es dable señalar que la multa fue impuesta a través de una resolución administrativa que ha sido apelada judicialmente por ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, a quien se ha solicitado la revocación total de las multas por la aludida manifiesta improcedencia, arbitrariedad e ilegalidad, desde que no ha existido por parte de la ACLISASA, ni de las clínicas y sanatorios, ninguna conducta violatoria de la Ley de Defensa de la Competencia.
El procedimiento de investigación llevado adelante no se inició de oficio por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, sino que partió a raíz de una falaz denuncia efectuada por la prepaga Swiss Medical S.A., quien, abusándose de su posición dominante en el mercado, viene desde hace muchos años imponiendo el precio de las prestaciones que abona por los servicios de salud requeridos por sus afiliados/asociados, pagando valores irrisorios que se encuentran muy por debajo de los costos; lo que le ha permitido aumentar sus ganancias sistemáticamente y construir, a costa de los prestadores, centros de salud en todo el país.
Frente a los requerimientos de las clínicas y sanatorios de Salta para que Swiss Medica S.A. ajuste los valores que paga a la realidad a fin de garantizar un servicio de salud sustentable y de calidad, Swiss Medical S.A., como acostumbra hacerlo para intentar eliminar a la competencia tanto en su ámbito como prepaga (caso OSDE) y como en el de también de prestadora, denunció falsamente que la ACLISASA y las clínicas de Salta pretendían cobrar valores altos y anticompetitivos.
Pero la realidad está muy alejada de la que plantea Swiss Medical S.A., la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y el Secretario de Comercio Miguel Braun.
En efecto, se impone aclarar lo siguiente: – Que los valores que hace mucho tiempo que se vienen pagando a las clínicas y sanatorios, a nivel nacional y en Salta, están muy por debajo de los costos que se requieren para prestar los servicios de salud de calidad.
– Que esto se debe al abuso de la posición de fuerza en el mercado de salud que ostentan los financiadores del sistema (principalmente las empresas de medicina prepaga), quienes poseen el verdadero poder al momento de fijar e imponer los valores que pagan por las prestaciones de salud.
– Que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia pretende igualar a las clínicas y sanatorios con multinacionales y/o grandes empresas (como Swiss Medical S.A.), desconociendo que el 100% de las clínicas salteñas son PyMES y en muchos casos cooperativas de trabajo de médicos que han puesto su capital al servicio del sistema de salud.
– Que las clínicas jamás han cobrado o intentado cobrar “sobreprecios”, sino que, por el contrario, muchas de ellas se han visto y se ven actualmente obligadas a trabajar por debajo de sus costos. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia no ha analizado en lo más mínimo de qué forma y manera se componen los valores de las prestaciones sanatoriales como para determinar si existe o existió un sobreprecio. De haberse efectuado ese análisis, se habría llegado a la conclusión contraria: son las empresas de medicina prepaga y otros financiadores, los que pagan muy por debajo de los costos, abusándose de su posición dominante.
– Que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia desconoció totalmente la realidad puesto que hace más de una década las clínicas y sanatorios vienen trabajando y acordando con el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), en la recomposición de los aranceles por las prestaciones a través de una comisión mixta, que reúne al Ministerio de Economía y Producción, Ministerio de Salud Pública -ambos de la provincia de Salta- y al mismo IPS, que analiza/estudia los costos reales en nuestra provincia de las prestaciones sanatoriales.
– Que finalmente la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia privó a la ACLISASA y a las clínicas y sanatorios el derecho de ejercer debidamente su defensa, no permitiéndoles producir pruebas tendientes a acreditar que los valores por los servicios de salud son fijados por el poder económico de las empresas de medicina prepaga y otros financiadores.
En definitiva, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, para imponer las multas, ha efectuado un análisis intencionalmente sesgado e irreal de la situación del mercado de salud, que se encuentra hace años en crisis (crisis que es reconocida por el mismo Estado Nacional a través de la ley 27.345 que mantiene hasta el 31/12/2019 la Emergencia Sanitaria Nacional declarada en el año 2002). Hoy muchas clínicas y sanatorios de Salta se encuentran con grandes deudas con la AFIP y con organismos fiscales provinciales y municipales, al no lograr cubrir sus costos con los aranceles sumamente bajos percibidos que, se insiste, han sido producto del abuso de fuerza y posición dominante en el mercado de salud que ostentan los financiadores, contra quienes las clínicas de Salta -y de las demás provincias- tienen escaso poder de negociación. En efecto, es a estos financiadores a quienes la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia debería haber investigado y sancionado por su comportamiento anticompetitivo que afecta negativamente al servicio de salud.
Así como la ACLISASA y las clínicas y sanatorios de Salta han acudido a la justicia para revertir la estólida decisión tomada por el Secretario de Comercio, también exhortan, pues, al Secretario de Comercio y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a que realicen una investigación acorde a la realidad y complejidad del mercado de salud y, consecuentemente, investiguen a los reales culpables de la distorsión de ese mercado, y abandonen su análisis segmentado y discriminatorio que profundiza la crisis del sistema de la salud en Argentina.

Fuente: ACLISASA

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