ABORTO: RESUMEN DEL PROYECTO DE LEY

Los principales puntos del proyecto de ley que se discutirá hoy en el Congreso de la Nación.

Derecho de toda mujer desde los 16 años a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional.

La mujer presentará una petición en cualquier servicio de salud y dado su consentimiento por escrito tendrá derecho a que se cumpla en un plazo máximo de cinco días, sin que medie ninguna autorización judicial previa.

En menores de 16 años, en cambio, “se requerirá su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal”.

El aborto continuará estando penalizado después de la semana 14.

Las excepciones son:

  1. El embarazo sea producto de una violación y solo hará el requerimiento presentando una declaración jurada ante el profesional del salud interviniente.
  2. Si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer.
  3. Si se le diagnostica la inviabilidad de la vida extrauterina del feto.

Los profesionales podrán hacer objeción de conciencia cuando no quieran practicar abortos y deberán informarlo a la autoridad máxima del centro asistencial.

La ley prohíbe la objeción de conciencia institucional y/o de ideario.

La mujer tiene derecho a acceder a la práctica en un plazo máximo de cinco días de corrido desde su requerimiento.

Tanto antes como después de la interrupción de su embarazo, el centro médico debe contener a la mujer a través de consejerías.

Tanto el sector público de salud, como las obras sociales y las entidades de medicina prepaga deberán incorporar como prestaciones médicas básicas.

En el caso excepcional de ser necesaria la derivación a otro establecimiento, la interrupción debe realizarse en el plazo de cinco días, siendo responsable de la efectiva realización el establecimiento derivante.

Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), como así también las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

El Estado “debe promover políticas activas para la prevención de embarazos no deseados y fortalecer la salud sexual y reproductiva de la población”.

El Estado debe asegurar la educación sexual integral, que está prevista por las leyes 25.673 y 26.150.

Deroga los artículos del Código Penal de la Nación que penalizan a la mujer y al personal sanitario que realice abortos bajo consentimiento.

Prisión de entre tres a diez años de prisión a aquel profesional médico que practique un aborto sin el consentimiento de la mujer, que podrá elevarse a 15 años si provoca su muerte.

Prisión de tres meses a un año si obrare con el consentimiento de la mujer o persona gestante y el aborto se produjere a partir de la semana quince del proceso gestacional, siempre que no mediaren algunas de las tres excepciones.

Prisión de tres meses a tres años e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena la autoridad de un establecimiento de salud o profesional de la salud que dilatare, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.

EL PROYECTO DE LEY

Dictamen de mayoría by on Scribd

Dejanos tu comentario